La Ley 32 o el revoto

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Los espectáculos en el parlamento egipcio no cesan. Si ayer comentábamos aquí las amenazas de ese ejemplo de finura que se llama Mortada Mansour amenazando a los periodistas y pidiendo que se tomaran medidas para evitar la difamación del parlamento, lo cierto es que eso es prácticamente imposible dados los esfuerzos de los parlamentarios para difamarse ellos solos.

El diario estatal Ahram Online dio la información de uno de esos casos en los que este parlamento, resultado del 29% de la población, compuesto para debilitar la definición de los partidos en beneficio de los "llamados" independientes que más tarde se agrupaban para defender "al Estado", interpretado habitualmente como la figura del presidente. Un parlamento al que los candidatos a entrar ya estaban denigrando señalando que había que disminuir sus poderes de fiscalización del ejecutivo. Será quizá porque el parlamento en sí no tiene sueños proféticos, a diferencia de los que ocurre con los candidatos presidenciales, que los tienen para presentarse o para retirarse.

Pero el caso esta vez es bastante más grave, tanto en el fondo como en la forma. Vayamos al fondo primero: como sabemos, la primera tarea que le compete a este parlamento es la revisión de todas aquellas leyes que han sido aprobadas en el largo periodo que comenzó cuando fue disuelto el parlamento de mayoría absoluta islamista, con Hermanos y salafistas copándolo. Los jueces egipcios tienen una histórica tradición de disolución de los parlamentos y esta vez lo hicieron de nuevo como antesala de lo que sería el golpe de estado de 2013. Desde el momento de la disolución se gobernó por decreto, primero Morsi y después el gobierno interino que dio paso a la presidencia del presidente Abdel Fattah El-Sisi. Después de debatir qué se debía elegir primero si el presidente o el parlamento, prevaleció la idea (con la lógica del poder y las manos libres) de elegir primero al presidente. Salía así una presidencia con las manos libres para despejar el campo, que gobernaba en el nombre de su popularidad en las urnas (el 98% en la mejor tradición). Desde entonces, en ausencia del parlamento —que quedaba como el final de la "hoja de ruta" aprobada—, han sido los gobiernos los que han asumido las funciones del inexistente parlamento.

Ahora es el momento de la rendición de cuentas, tal como se estableció en la constitución egipcia. Lo que se hiciera debería ser refrendado por los representantes electos del pueblo egipcio. Se entiende, desde esta perspectiva, que las reticencias a ese poder del parlamento se transformaran en una ley que definía desde la propia presidencia el diseño del propio parlamento. Era, por decirlo así, el acusado diseñando el jurado que tendría que ver su causa en el futuro. No es otra cosa el parlamento egipcio actual: el artefacto creado para justificar las decisiones tomadas anteriormente. Ni independencia ni autonomía.

Si los actos escandalosos y las declaraciones han marcado los inicios de su vida, el parlamento dio el otro día una muestra clara de esto. Vayamos ahora al detalle del caso. Tras el golpe de estado —el "no-coup"—, se pusieron en marcha leyes que trataban de demostrar que se trataba realmente de una prolongación del espíritu de reforma del alzamiento popular del 25 de enero, la "primera revolución" durante la Primavera Árabe. Era la forma de mostrar la equidistancia tanto de la época de Hosni Mubarak como de los islamistas, que habían supuesto un verdadero fiasco tras su llegada al poder, poniendo en marcha leyes sectarias y desoyendo a todos haciendo una constitución a su medida y no a la de todos los egipcios que les votaron para salir de la era de Mubarak. Una forma de hacerlo era ganar la confianza de los inversores internacionales en la seriedad del nuevo Egipto.

Nos cuenta ahora Ahram Online lo que ha sucedido con una de esas  350 leyes —la 32— que deben ser ratificadas o rechazadas en un periodo de quince días. ¿Cuál es el objeto de esta ley?

Law number 32, which was passed in April 2014 under then-interim president Adly Mansour, aims to assure investors that their deals with the Egyptian government would be shielded from lengthy legal disputes incurred by citizens' legal complaints.*

Como puede apreciarse por la somera descripción, la función de la ley es permitir a los ciudadanos la denuncia de la corrupción en los negocios con el Estado, algo absolutamente común en la época de Mubarak. Durante la revolución y posteriormente, ha aparecido un sinnúmero de casos de corrupción de funcionarios en los negocios con el Estado. La ventas fraudulentas, por debajo de su valor, ha sido frecuente y hay todo tipo de casos en los que se ven envueltos desde los que han vendido terrenos públicos a precios de risa a familiares a los que han aceptado sobornos para las adjudicaciones. Los negocios del estado (incluidos los dejados en manos de los militares, la primera fuerza económica del país) son la gran fuente de la corrupción. Esa ley trataba de abrir las posibilidades de denuncias en la medida en que es el propio estado —a través de los funcionarios—  el que es parte del problema.

Lo ocurrido en el parlamento con la Ley 32 es insólito. Ahram Online nos cuenta:

Egypt's parliament passed a law Wednesday barring third-party challenges to state contracts even though it was rejected earlier this week, MP Medhat El-Sherif told Ahram Online on Wednesday.

[...]

The law has caused major controversy since it was passed, with critics alleging that it opens a door to corruption by restricting appeals to the parties involved only; the government and investors.

"We thought that once a law is voted down in the 15-day period [since parliament first convenes] it cannot be put up for another vote… but the parliament speaker said that [taking another vote] is legal, and he is a constitutional expert," said El-Sherif, who is a member of the parliamentary economic affairs committee.

The decision to have another vote was taken based on a government recommendation.

El-Sherif said that parliamentarians who initially voted down the law were convinced to change their vote after the minister of parliamentary affairs clarified the importance of the law and how rejecting it would “negatively impact investment.”

Legal and parliamentary affairs minister Magdy El-Agaty told the assembly that "the government does not protect corruption" with this law, but rather is “claiming its right to protect its deals.”

The vote on the bill comes as part of parliament's review of 341 laws within 15 days as of its first session, which took place last week. This includes laws issued by Mansour and current President Abdel-Fattah El-Sisi since the new constitution was passed in January 2014.*

El hecho de que no se apruebe una ley y después, por indicación del gobierno, se vuelva a votar para ratificarla es en sí mismo poco serio  independientemente de su contenido. Pero es doblemente escandaloso dada la naturaleza de la propia ley, es decir, por lo que trataba de combatir, la corrupción. Dejamos en un tercer nivel, el previsible, la impresión de caos, de desorganización que el parlamento egipcio está dando en estas primeras andaduras.

Las explicaciones del "speaker" de la cámara son realmente divertidas pues cada vez que alguien trata de decir algo siempre tiene la misma respuesta: "la constitución la he hecho yo". Apela así a que fue uno de los "expertos" encargados de reformar la constitución de los islamistas, que luego sería refrendada. Es la segunda vez que da respuestas similares, por lo que más que un presidente de la cámara parece un novelista preocupado por los derechos de autor.

Una ley que impide la denuncia de la acción popular ante casos de corrupción no es buena nunca y menos en la larga tradición de corrupción del estado egipcio en sus contratos con terceros, de la realización de placas de matrícula con una empresa alemana al negocio del gas con Israel. La ley blinda contratos para según la versión oficial "atraer inversores" y según otras lecturas para evitar que se denuncien los casos corruptos y que nadie interfiera. A alguien se le debió pasar por alto la "importancia" de la ley acabaron con ella. Cuando se dieron cuenta, tras una "sesión explicativa", los que habían votado en contra cambiaron su voto. Todo con el beneplácito del "experto constitucionalista".

Una ley de este tipo, controvertida desde el principio de su presentación, es una llamada a los inversores fraudulentos y a los negocios oscuros. Los inversores que Egipto necesita, en cambio, se sentirán desconfiados por lo que la ley supone. Eso es lo que marcan los indicadores de "confianza" para los inversores internacionales. La seguridad jurídica es otra cosa.

Probablemente quedan muchas cosas por ver todavía. Lo que nos preguntamos es cuándo las personas interesadas en el futuro de Egipto y que se sientan en ese parlamento tardarán en sentirse verdaderamente incómodas por lo que se les hace votar una, dos o las veces que haga falta. 

Es poco serio para el parlamento. Nos dice que ya sea retirando la ley primero o aprobándola después, se hace más caso al ministro y al presidente de la cámara que a lo que debería ser la conciencia parlamentaria. La ley no es "importante" porque lo diga cualquiera de ellos y es ridículo que se vuelva a votar tras que te hagan caer en ello. Has sido imprudente la primera vez o has sido sumiso en la segunda. O ambas cosas.

* "Egypt MPs pass controversial law shielding state deals after earlier rejection" Ahram Online 20/01/2016 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/164/183502/Egypt/Egypt-Elections-/Egypt-MPs-pass-controversial-law-shielding-state-d.aspx