martes, 30 de agosto de 2011

Razonamientos perversos e iniciativas ciudadanas

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Hay ciertos límites que no deberían traspasarse en los razonamientos. Si sigues enlazando ideas puedes llegar tan lejos que al volverte a mirar, no sabes ya de qué estás hablando.
Cada vez es más frecuente encontrar razonamientos en el marco equivocado que no hacen sino confundir a la gente. El problema de estos razonamientos es que  se extienden y se acaban teniendo por naturales.
El diario El País, en su editorial de hoy (“Una iniciativa peligrosa”*), incurre en uno de esos razonamientos en los que uno debe negarse a entrar o, si se entra, atenerse a las consecuencias intelectuales y políticas. El razonamiento se refiere a la cuestión del referéndum y es el siguiente:

Las voces críticas surgidas en su interior contra la iniciativa cuentan con argumentos defendibles, pero también lo son las de signo contrario, dadas las condiciones especialísimas en que se ha planteado, en respuesta a exigencias exteriores difícilmente soslayables. Lo que no tendría sentido es convertir el debate sobre el contenido de la reforma consensuada entre los dos principales partidos en una pugna por el referéndum. Si llegase a celebrarse —con el despliegue y el gasto correspondiente— la participación sería probablemente muy escasa, lo que añadiría incertidumbre al desenlace. Pero ¿cómo evitar que la mera posibilidad de su celebración sea considerada por esos mercados tan sensibles a lo imprevisto un factor añadido de riesgo que penalice nuestra deuda soberana?

He señalado en días anteriores que, independientemente de lo que se opine sobre el hecho de comprometer la deuda futura, lo que no me parecía adecuado era el lugar. Los acuerdos coyunturales no deben introducirse en un texto, como es el constitucional, cuya finalidad es estar por encima del debate en la mayor cantidad de artículos. Que lo pongan donde quieran, tras los debates pertinentes, pero no en la Constitución. Por tanto, la cuestión del referéndum es un problema, también relevante, que afecta al cómo y no al dónde.Una vez que han decidido el dónde, pasa a ser relevante el cómo.



Lo que me parece grave es el secuestro permanente de la voluntad política ciudadana, por un lado (aquí si es relevante la cuestión del referéndum), pero sobre todo me preocupa la naturalidad con la que se considera —como hace El País— que hay cosas que podemos y no podemos hacer en función de cómo lo valoren los mercados. El argumento es expuesto por políticos y periodistas cada vez con más frecuencia. Te dejan sin dónde y cómo.
Hay temas, cada vez más, que no se pueden discutir, se dice, por los "intereses" de España.

La Copa del Mundo expuesta en Shanghai, el "triunfo de la voluntad"

Este tipo de argumento implica la auténtica pérdida de soberanía porque resultan de asumir que las decisiones políticas o de política económica se toman no en función de nuestras opiniones o necesidades, sino en función de las de terceros o de sectores específicos del país.
Que España venda rápidamente bombas de racimo unos meses antes de que se prohíba internacionalmente su comercio al régimen del dictador Gadafi, es una muestra de la pérdida de principios o, si se prefiere, de la supeditación de los principios económicos a los principios éticos que un país no debe perder y al que no se le debe hacer renunciar.

A los egipcios se les dijo que la revolución democrática que emprendieron les perjudicaría al reducir los ingresos por turismo y cesar la actividad económica. Los egipcios eligieron la dignidad y las privaciones durante una temporada. Habría sido indigno aceptar la dictadura por cuestión de bolsillo, sobre todo porque esos bolsillos eran los de sus propios dictadores.
Siempre me ha causado profunda irritación que se ponga en una balanza las cuestiones políticas de principios y las cuestiones económicas. La economía es también política y la política es también economía, lo sabemos. Pero también debemos saber que si renunciamos a pensar desde nuestra democracia, mentalmente la hemos perdido. La “autodictadura” es el miedo a tomar decisiones desde los principios de todos porque perjudiquen o beneficien a una parte que busca su lucro.
Vuelvo a repetirlo: a los “mercados” les importa un bledo la democracia y nuestra constitución. Hacen todos los días negocios con las dictaduras. Las medidas que ellos piden no son por nuestro bien, sino por el suyo. Las medidas buscan que se esté en condiciones de cumplir los pagos en su momento y les da exactamente igual que sea con Zapatero, Rajoy o Idí Amín Dadá. Nuestra salud les preocupa para que podamos trabajar y devolver la deuda. Poco más.
Nos hemos acostumbrado a tratar como iguales políticamente a las dictaduras para pedirles dinero. Así vamos al Golfo o a China, que es donde se están amasando las grandes bolsas de capital. Y vamos a pedir, a rogar, estrechando sus manos y sonriendo, que nos presten un poco de ese dinero que amasan a base de corrupción. Cambiamos abrazos por dinero. Ahora ya no son los dictadores y sus bancos nacionales a los que nos hay que contentar, sino que debemos renunciar a hacer un referéndum por "si alguien lo interpreta mal". 
Decir que no es conveniente realizar un referéndum por si a los “mercados”,  sea quien sea, no les parece bien es una perversión muy grave por lo que implica de coacción, renuncia política y argumento contagioso, cada vez más frecuente. Es una renuncia a la decisión. Y que no se invoque que ya no tenemos opciones, porque no es más que un subterfugio de incapaces.
El mejor mensaje que se podría mandar a los mercados es que España tiene un gobierno que cree en su ciudadanía, en su capacidad de aceptar sus responsabilidades, y no quitándoselas de un plumazo.
Sigamos vendiendo armas a dictadores por el bien de nuestras empresas, abrazando tiranos por el bien de la economía, y dejando de decir lo que pensamos para que nadie se moleste en los mercados.
A unos les parecen peligrosas las iniciativas. Lo peligroso es matar las iniciativas y que decidan por ti.

* Editorial: “Una iniciativa peligrosa”. El País 30/08/2011 http://politica.elpais.com/politica/2011/08/29/actualidad/1314647690_609488.html



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